La entrevista de César Hildebrandt al presidente Pedro Castillo será de antología. Respetuosa y punzante, irónica y decidora, audaz de ambos lados, reveladora de contenidos y de ausencias en el entrevistado, Hildebrandt nos ha regalado una estupenda pieza para la política, y con muy segura utilidad para otras disciplinas. Y el presidente ha hecho lo suyo: nos ha regalado un “estado de la cuestión” de su Gobierno, desnudo y nítido.

Ha sido un juego de dos audacias. CH ha planteado temas que PC ha respondido con claras evasivas. Terminada la campaña y con casi seis meses de Gobierno a cuestas, hay en el entrevistado menos de presidente o candidato. Emerge más bien la figura de un líder sindical con poco juego político que no se ha ido, que parece no se irá y que quizás evolucionará poco.

La entrevista recorre cuatro grandes temas: Castillo el personaje, la noción de poder del presidente, el plan para gobernar y la ubicación actual del gobierno.

El primer valor de la entrevista es que descubre a un presidente que había evitado las caracterizaciones, ahondando en los rasgos que habían sido advertidos por el cineasta Álvaro Lasso en mayo de 2021 en su documental El profesor. ¿Quién es Pedro Castillo? CH desnuda al personaje en varias de sus dimensiones, algunas de ellas distintas a como lo habían pintado sus enemigos. Es muy creyente y no ateo, no es comunista ni socialista, sino populista (me reafirmo en la caracterización de nacional populista que hice en marzo 2021), se reconoce informal y no tiene un plan siniestro para comerse a la democracia y quedarse 20 años, sino algo diferente… no tiene plan.

Castillo no habla de él en tercera persona como otros presidentes peruanos. No obstante, tiene de sí mismo una narrativa racionalizada; se siente un sujeto político en construcción, particular y no universal y solo de soledad como virtud y no como vértice. En ese punto parece radicar su problema principal como líder: su resistencia a liderar y su preferencia a flotar.

La noción del poder en Castillo, con cargo a profundizar, descansa en dos significantes, “consenso” y “pueblo”. No creo que exista algún grupo político peruano que crea que se pueda gobernar y transformar a partir de tales elementos. Siendo parte de una narrativa populista, gobernar desde el pueblo con todos (consenso) es una perspectiva muy acotada del poder, donde solo importan los problemas y las soluciones, una causalidad narrativa que no tendrá éxito en un Gobierno que ha perdido aliados, peso, aprobación y que cree que el consenso se consigue renunciando al cambio.

Al ser preguntado por su plan para gobernar, Castillo responde que es un coctel donde caben el bienestar, las decisiones difíciles, el consenso (no polarizar, dice) y el esfuerzo. La más audaz de las respuestas, pero que desnuda la falta de un horizonte de gobierno, es la que se refiere a los ministerios del Ambiente y el MTC (“CH: ¿No cree que necesita ministros más enérgicos en Ambiente, en Transportes? PC: Déjeme evaluarlo”).

Castillo revela que está concluyendo una evaluación del gabinete (“Espero en los próximos días tener un informe de cada gestión. Esperamos hacer correcciones después de ver resultados”). Es obvio que, entre las perspectivas más probables, el presidente está a la búsqueda de un plan y es cercano su advenimiento. Para los estándares peruanos, no es totalmente inusual que eso suceda a los seis meses de iniciado el gobierno. El problema consiste en que, muy probablemente, ese plan no será suyo o será hecho al alimón con otras fuerzas. ¿De quién o quiénes podrán ser?

Finalmente, sobre la ubicación actual del gobierno, la entrevista deja en claro que no es de derecha, izquierda o centro, sino todo lo contrario, es decir, que Castillo se siente muy cómodo con las urgencias de corto plazo que solo son dos: la vacunación y el retorno a clases. Este relato tiene también su propio y único significante del que debemos notificarnos: “no cambio”. Castillo está migrando con cierta rapidez y podría ir más allá del centro, hacia la derecha. Incluso en el complejo asunto del referéndum y la convocatoria a una asamblea constituyente el presidente no promoverá grandes movimientos de corto o mediano plazo.

El Gobierno nombró al diplomático Mario Juvenal López Chávarri embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en Panamá y a Gonzalo Flavio Guillén Beker embajador en Cuba. La decisión tomada por el Ejecutivo fue hecha mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Las designaciones se hicieron públicas en resoluciones supremas publicadas por el diario oficial El Peruano, las cuales llevan las firmas del presidente de la República, Pedro Castillo y del titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Óscar Maúrtua.

En ese sentido, se estableció que a ambos embajadores se les brindarán las cartas credenciales y plenos poderes correspondientes. Sumado a ello, a través de una resolución ministerial fijarán la fecha en la que López Chávarri y Guillén Beker asumirán funciones.

Asimismo, las dos resoluciones se emitieron de acuerdo al inciso 12 del artículo 118 de la Constitución, la cual señala la facultad del mandatario para el nombramiento de embajadores y ministros plenipotenciarios, con la probación de la Presidencia del Consejo de Ministros e informando al respecto al Congreso.

El último sábado 22 de enero, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) anunció que el Gobierno interpondrá una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que restringe el referéndum para reformas constitucionales por iniciativa ciudadana, la cual aprobó el Pleno del Congreso de la República por insistencia el último 21 de enero.

“El Poder Ejecutivo presentará una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, pues consideramos que la referida norma afecta el derecho fundamental de participación política directa de la ciudadanía”, se lee en un comunicado publicado por la PCM.

“El referéndum es la expresión máxima del principio democrático, pues constituye un pronunciamiento del pueblo, que es titular del poder constituyente, tal como establece el artículo 45 de la Constitución. Resulta inconcebible que en una democracia se desconozca el derecho de los y las ciudadanas a decidir de madera directa sobre los diferentes ámbitos de la sociedad”, agrega el documento.

El Consejo de Ministros confirmó que presentará una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) tras la decisión del Congreso de aprobar por insistencia la ley que establece que toda reforma constitucional deberá ser aprobada por el Legislativo antes de que sea sometida a referéndum; pero es difícil que la demanda logre los 5 votos que necesita para ser admitida, debido a que dos miembros de ese organismo han adelantado opinión.

De manera preliminar, mucho antes de que se apruebe la norma, la magistrada del TC, Marianella Ledesma dijo en RPP que ”de lo que he escuchado tendría que decir, en borrador, que no hay mayor cambio que lo que dice ya la Constitución”.

Tratando de ser cuidadoso, Eloy Espinoza expresó sus reservas. “Para el académico que no es juez puede decir que esta ley repite lo que ya estaba puesto, pero el juez que debe resolver no puede decir que hay una repetición, porque lo que va a decir el Gobierno es que estoy adelantando opinión”, indicó.

Para la PCM, la norma vulnera el derecho fundamental de participación política directa de la ciudadanía, reconocido en el artículo 31 de la Constitución, y en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al restringir arbitrariamente la realización del referéndum y condicionar que la consulta popular sea aprobada previamente por el Congreso, lo cual sería abiertamente inconstitucional. “La norma afecta principios constitucionales, como el balance de poderes y la democracia”, dijo en comunicado.

Según el profesor en derecho constitucional Pedro Grandéz no es cierto que es una norma repetitiva. “En la Constitución estaba abierta la interpretación constitucional para una consulta vía democracia directa. Era una de las posibilidades interpretativas y ahora esa posibilidad la quiere imponer el Legislativo. Había dos formas y ahora hay una sola manera de interpretar”, sostuvo.

Precisó que el Legislativo se presenta como el único intérprete de una controversia que va a llegar al TC, pero está bien que termine en esa instancia, debido a que el TC es el intérprete supremo.

“Que el TC diga si esa norma es compatible con la Constitución, desde mi punto de vista, es una interpretación restrictiva”, demandó, y agregó que el legislativo ha tomado una posición que no le corresponde. “El Legislativo está reformando la Constitución a través de una ley, es una inconstitucionalidad formal”, expresó.

Según Grandéz, la demanda ante el TC es procedente, el problema es si se logra un pronunciamiento a favor, pues hay dos magistrados que han adelantado su punto de vista. “Eloy Espinosa coincide con Omar Cairo en que no se cambia nada, y en la misma línea está Ledesma. Para que se admita se necesitan cinco votos de seis, con lo cual es poco probable que el TC resuelva una controversia interpretativa, que el mismo TC ya adelantó”, apuntó.

Para la constitucionalista Ana María Vidal, la norma limita el derecho a la ciudadanía y baja la valla que se había alcanzado con una interpretación de una sentencia del TC. “Cuando das un paso en derechos humanos, le das más representación a la gente, como el derecho a la participación política, que es como el derecho a la salud y al trabajo, no se puede retroceder y ahora pasar nuevamente por el Congreso. Baja el estándar del derecho a la participación política y expone a que se lleve el caso al TC, e incluso se podría llevar a la CIDH debido a que se está vulnerando un derecho”, declaró a La República.

La ministra de la Mujer, Anahí Durand afirmó que la ley aprobada por el Congreso contra el referéndum tiene como objetivo anular una eventual asamblea constituyente.

“La mayoría del Congreso aprobó por insistencia limitar el derecho a referéndum. Restringir los derechos de participación afecta profundamente la democracia. El poder constituyente reside en el pueblo y tiene derecho a ejercerlo para decidir sobre una nueva Constitución”, expresó vía Twitter.

Verónika Mendoza sostuvo que quieren arrebatarle al pueblo su poder constituyente. “Tarde o temprano habrá una asamblea constituyente popular, paritaria y plurinacional”, afirmó.

Mirtha Vásquez, primera ministra

“El pueblo tiene el derecho a exigir vía referéndum que se debatan temas que poderes constituidos no lo hacen. Por ese derecho, presentaremos una demanda de inconstitucionalidad”.

Ana María Vidal, abogada de DDHH

“Quienes dicen que no ha cambiado nada, no están leyendo de manera integral la Constitución y la sentencia del TC. No se pueden agarrar de un artículo y decir que no cambia nada”.

El Gobierno autorizó a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anahí Durand viajar a Honduras el próximo 26 de enero para la ceremonia de toma de mando de la presidenta electa, Xiomara Castro de Zelaya. En ese sentido, se estableció que el despacho de este ministerio se le encargue a la ministra de Cultura, Gisela Ortiz.

A través de una resolución publicada en el diario oficial El Peruano, se detalló que la autorización fue aprobada por la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, el ministro de Relaciones Exteriores, Óscar Maúrtua, y la ministra de la Mujer, Anahí Durand.

Durante los próximos 26 y 29 de enero se realizará una serie de ceremonias para la transmisión de mando presidencial de Honduras, donde asumirá el cargo la presidenta electa y a la cual el Gobierno peruano fue invitado a participar.

En la resolución se indica que por motivos de agenda y compromisos previamente asumidos, el presidente de la República, Pedro Castillo, no podrá acudir al país centroamericano, por lo que envía en representación del Estado a Durand Guevara.

Esta decisión se da en aras de fortalecer más la relación bilateral que tiene Perú con Honduras, mediante un diálogo político y la promoción de un fluido intercambio comercial. Asimismo, resulta conveniente establecer contactos con el nuevo Gobierno de dicho país.

El último viernes 21 de diciembre, el Pleno del Congreso de la República autorizó al presidente Pedro Castillo viajar a Brasil el próximo 3 de febrero para realizar un encuentro presidencial con su homólogo Jair Bolsonaro. Con 116 votos a favor, el Pleno aprobó el proyecto de Resolución Legislativa 1177, que autoriza al mandatario a salir del territorio nacional.

Del mismo modo, el Parlamento autorizó que el jefe de Estado pueda participar en la XVI Cumbre de la Alianza del Pacífico que se realizará en la ciudad de Buenaventura, en Colombia, el próximo 26 de enero.

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva informó que dio positivo a COVID-19 en una prueba antígena, por lo que suspendió sus compromisos pactados. La titular de la Mesa Directiva agregó que cuenta con las tres dosis de vacuna contra el nuevo coronavirus.

“Me tomé una prueba antígena y he dado positivo a COVID-19. He suspendido todas mis actividades programadas a la espera del resultado de la prueba molecular. Cuento con las 3 vacunas. Seguiré todas las indicaciones médicas manteniendo el aislamiento respectivo”, expresó en un tuit.

La última actividad pública de la acciopopulista fue la sesión plenaria del viernes donde también se captó que algunos parlamentarios, como Enrique Wong y Patricia Chirinos no respetaban los protocolos de bioseguridad dispuestos por la propia Mesa Directiva que conduce Alva Prieto.

El legislador de Podemos Perú y tercer vicepresidente del Legislativo se retiró la mascarilla al momento de su intervención a pesar de que se había establecido que ninguna persona presente en el hemiciclo puede retirarse dicho elemento.

En tanto, Chirinos Venegas fue captada con la mascarilla debajo de la nariz, lo que aumenta la probabilidad de contagiar y contraer la COVID-19.

La Mesa Directiva también estableció que, a raíz del toque de queda, las sesiones del Pleno se desarrollarían hasta las 8.00 p. m. Sin embargo, el último encuentro se extendió hasta las 11.00 p. m.

Estas últimas semanas, diversos congresistas contrajeron la COVID-19. El último en comunicar su infección fue el vocero de APP, Eduardo Salhuana quien indicó que gracias a la vacuna contra el nuevo coronavirus presenta síntomas leves.

Otros legisladores que informaron su contagio fueron Jaime Quito (Perú Libre), Kira Alcarraz (Somos Perú), Susel Paredes (No agrupados) y Elizabeth Taipe (Perú Libre).

La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte cuestionó la labor que realiza el actual Congreso desde que asumió sus funciones en julio del año pasado, pues señaló que los parlamentarios tienen un intención de guiar el Gobierno debido a los constantes pedidos para interpelar y censurar ministros. En ese sentido, la funcionaria enfatizó que el Legislativo quiere tomarse atribuciones del Ejecutivo.

“Desde que iniciamos la gestión con el presidente Pedro Castillo en este Gobierno popular hemos sentido que el Parlamento quiere guiar el rumbo del gabinete porque no cesa de interpelar y censurar a diversos ministros”, señaló en una entrevista previa para La República la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

“Luego han planteado el tema de que el Ejecutivo no pueda plantear la cuestión de confianza y un proyecto para que el Congreso pueda determinar quiénes pueden ser ministros y asesores de los ministerios. El Congreso se quiere convertir en el Ejecutivo”, agregó.

En ese sentido, Boluarte Zegarra manifestó que desde el Ejecutivo han planteado una serie de normas legales con el objetivo de que el Parlamento cumpla con su labor de legislar. Recordó que el último 13 de enero el Pleno del Congreso aprobó la ley para proteger a menores en situación de orfandad y que desde entonces no han aprobado otra iniciativa.

“Así hay varios proyectos de ley que están durmiendo mientras los congresistas están en el afán de censurar”, aseveró.

Respecto a la reciente aprobación del dictamen de insistencia de la autógrafa de ley que limita el referéndum la vicepresidenta de la República reafirmó que el Ejecutivo va a ir al Tribunal Constitucional (TC) para que se observe y así no plantear una eventual cuestión de confianza.

“En una sociedad democrática y donde las autoridades han sido elegidas para responder a lo que el pueblo necesita y está esperando, creo que los tribunos del TC tienen que ponerse del lado del pueblo. El interés ahí está cuando hay que resolver lo que el pueblo necesita, no lo que un grupo parlamentario, por insistencia, saca como una norma en contra de la Constitución y los derechos ciudadanos”, sostuvo Dina Boluarte.

Los seis movimientos regionales de La Libertad inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones presentaron su convocatoria a elecciones internas, ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para elegir a sus candidatos que participarán en los comicios municipales y regionales de 2 octubre de este año.

Dinka Huaccha Vidaurre, gestora de la Oficina Regional de Coordinación (ORC) Trujillo (con jurisdicción en toda La Libertad), confirmó a La República que estos movimientos son Trabajo Más Trabajo, Fortaleza Perú, Bicentenario, Nueva Libertad, Sumate y País.

“Si bien los partidos políticos lo hacen en Lima, las agrupaciones regionales lo hacen en su respectiva jurisdicción. Estas organizaciones políticas presentaron ante la ORC de La Libertad el documento de convocatoria a comicios internos, suscrito por los miembros del órgano competente; su base legal, estatutaria o reglamentaria; el objeto de la convocatoria; las candidaturas a elegir; y la modalidad de elección seleccionada que puede ser por elección directa o por delegados”, explicó la funcionaria.

La manera directa (un afiliado, un voto) se realizará el 15 de mayo y por medio de delegados será el 22 de mayo.

Hasta el momento, entre los precandidatos de estos movimientos figuran en Trabajo Más Trabajo: Elias Rodríguez (Gobierno Regional) y Martín Sifuentes (alcaldía de Trujillo), Fortaleza Perú: Monica Sánchez (Gobierno Regional) y Veronica Torres (Trujillo), Nueva Libertad: Mariano Yupanqui (Gobierno Regional) y Paul Rodríguez (Trujillo) y País: Lenin Bazán a la región.

La bancada de Perú Libre presentó un proyecto de ley que propone sancionar a jueces que dicten sentencias con base en colaboraciones eficaces sin corroborar. Se trata de la iniciativa legislativa 1145/2021-CR, que plantea modificar el artículo 418 del Código Penal aprobado mediante el Decreto Legislativo 635.

La propuesta del congresista Waldemar Cerrón es incorporar el mal uso de las resoluciones judiciales o dictámenes fiscales con declaraciones falsas de colaboradores eficaces sin corroborar, constatar o cotejar.

“La presente incoativa tiene por finalidad garantizar el derecho de todo ciudadano a no ser procesado, acusado o sentenciado con medios de prueba que provengan de declaraciones falsas o inexactas de colaboradores eficaces, que no fueron previamente constatadas, cotejadas o verificadas por los magistrados que tuvieron a su cargo la admisión de estas pruebas y su convalidación dentro de un proceso judicial, estas declaraciones tampoco podrán ser tomados en cuenta en otros procesos judiciales, bajo responsabilidad de incurrir en delitos”, se lee en el proyecto de ley que presentó la bancada oficialista.

Asimismo, en la exposición de motivos del proyecto sostiene que la figura de colaboración eficaz “ha sido penetrada por el mismo aparato corrupto encargado de combatirla, donde malos fiscales llegan a un convenio con investigados que se ven obligados a fabricar declaraciones a cambio de su libertad y en perjuicio de personas inocentes”, detalla el documento

De esta manera. la propuesta legislativa plantea sancionar a los magistrados que incurran en este hecho con pena privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años.

Una exhaustiva investigación de la Diviac permitió desbaratar en Chimbote una organización criminal dedicada a la extorsión y robo de combustible, integrada por más de 30 sujetos. La sorpresa llegó luego cuando fueron detenidos un oficial y cinco subalternos de la PNP[/u] acusados de integrar ‘La Nueva Sangre’.

Esta fue una de las 50 bandas desbaratadas por las Fiscalías Especializadas Contra la Criminalidad Organizada (Fecor) y la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac).

Hoy, sin embargo, [u]se encuentran paralizadas otras 92 investigaciones a organizaciones criminales debido a que la Diviac se encuentra prácticamente inoperativa, porque parte de su personal policial ha sido destinado a otras direcciones o divisiones PNP.

Con la idea de que estos delitos complejos no se ‘caigan’, el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fecor, cursó un informe al Fiscal de la Nación (e) Pablo Sánchez, donde señala su preocupación por las deficiencias de personal de la Diviac.

Esta misma inquietud fue remitida al ministro del Interior, Avelino Guillén, y al comandante general de la Policía, teniente general Javier Gallardo.

Hace una semana, Guillén informó que desde el sector Interior se impulsará que la Diviac sea transforme en una alta dirección “para que tenga mayor autonomía financiera y pueda llevar adelante sus planes operativos con mayor éxito”.

Algunos medios dieron cuenta de que el alto mando redujo el presupuesto y personal de esa división. Chávez Cotrina asegura que este problema se evidencia en la falta de resultados óptimos dentro del plazo de ley, situación que trae como consecuencia que las investigaciones contra la criminalidad organizada a nivel nacional se encuentren paralizadas.

Frente a ello plantea que de una vez se ejecute la conversión de la Diviac en Dirección de Investigación, conforme a lo anunciado por el ministro del Interior, ”la misma que debería estar adscrita a las Fecor”.

También pide que se le dote de personal suficiente y que se suspenda la rotación de los efectivos especializados. Asimismo, que se designe personal capacitado y se proporcione el presupuesto idóneo, a fin de que los agentes puedan realizar acciones de inteligencia.

Chávez Cotrina plantea además que se capacite de manera continua al personal policial y se priorice los actos de corroboración en el marco del procedimiento de colaboración eficaz, ya que en algunos casos los están realizando entre seis y doce meses.

Finalmente, sugiere que se exhorte al personal Diviac a que concurra en calidad de testigos, cuando las Fecor lo soliciten en la etapa de juicio oral.

El fiscal Jorge Chávez dice que es necesario ampliar las facultades de firmar los informes de vinculación telefónica a otros oficiales, pues hoy el único que tiene esta función es el capitán Jorge Rodríguez Menacho.

Es necesario que en las instalaciones de la Diviac se tenga un ambiente para los detenidos y que se tome en consideración cada una de las opiniones de los Fiscales.

Fiscal coordinador Jorge Chávez Cotrina cursó informe a la fiscal de la Nación, Mininter y al CG-PNP, con la preocupación de los fiscales a nivel nacional.

El presidente del Perú, Pedro Castillo se encuentra en su sexto mes de mandato luego de asumir sus funciones como jefe de Estado el 28 de julio del 2021. La oposición, por su parte, planteó un intento de vacancia por la causal de incapacidad moral en diciembre del año pasado; sin embargo, la moción no procedió siquiera a ser debatida. Hasta la actualidad, 11 ministros que Castillo Terrones nombró han sido removidos de su cargo.

Durante su visita al balneario Cavero (Ancón), horas después del derrame de petróleo producido en las playas de Ventanilla, Santa Rosa y Chancay, el presidente de la República dijo que Repsol deberá “asumir sus responsabilidades” ante los daños ocasionados en los habitantes y la fauna de la zona. “No podemos rehuir de responsabilidades, se trata de asumirlas”, declaró ante la prensa. Cabe decir que, de cara a los cuestionamientos a su gobierno, el sindicalista de izquierda, ha comenzado a otorgar entrevistas a medios de comunicación.

En el plano económico, luego de que distintos ciudadanos reportaran un desabastecimiento de medicamentos genéricos para tratar la COVID-19 en boticas y farmacias, el decano del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, Arnaldo Tipiani, exhortó al Gobierno a regular los precios de dichos productos. “Las farmacias y boticas están regulando por la oferta y demanda, y hay especulación o acaparamiento. El Gobierno tiene que tomar cartas en el asunto estableciendo políticas de control de precios. La situación lo amerita” dijo en conversación con un medio local.

Sobre la coyuntura sanitaria y educacional, el ministro de Educación, Rosendo Serna, adelantó en una entrevista que aquellos estudiantes que no cuentan con las dosis de las vacunas contra la COVID-19 podrán ser inoculados en sus aulas.